Desde el 7 de junio de 2025, una nueva normativa ya en vigor cambia el panorama telefónico en España: quedan prohibidas las llamadas comerciales desde móviles para frenar estafas por suplantación de identidad. Solo podrán realizarse desde líneas claramente identificables, aumentando así la seguridad de los ciudadanos.
Con el objetivo de proteger a los usuarios frente al phishing vía llamada o SMS, el Gobierno ha aprobado la Orden TDF/149/2025, que impone obligaciones claras a los operadores: bloquear numeraciones fraudulentas, limitar los canales comerciales y asegurar la identificación del origen de las comunicaciones.
Una ley para la seguridad ciudadana anti estafa
España ha puesto en marcha una normativa pionera destinada a frenar las estafas de suplantación de identidad telefónica, una práctica que ha experimentado un aumento notable en los últimos años. La Orden TDF/149/2025, publicada el 12 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, establece un paquete de medidas concretas para reforzar la seguridad en llamadas y SMS, y entró en vigor el pasado 7 de junio.
Una de las principales reformas prohíbe que las empresas realicen llamadas comerciales desde números móviles (prefijos 6 y 7). Ahora solo se permite el uso de numeración geográfica, números gratuitos (800 o 900) o líneas específicas previamente autorizadas por la administración, como algunos servicios de atención al cliente (por ejemplo, el clásico 1004 de Movistar). Esta medida facilita la identificación del origen legítimo y reduce la confusión del usuario.
Además, los operadores han recibido la obligación de bloquear automáticamente las llamadas y SMS provenientes de números no asignados, vacíos o que simulan ser nacionales desde el extranjero, una técnica conocida como “spoofing”, salvo en casos de itinerancia. Esta limitación operativa protege al usuario frente a imitaciones maliciosas que pueden inducir a engaño.
Los primeros resultados ya son palpables: en los dos primeros meses desde que se activaron estas medidas (desde el 7 de marzo), se han bloqueado diariamente un promedio de 235.600 llamadas y 10.000 SMS, superando los 14 millones de llamadas y cientos de miles de mensajes interceptados.
La Policía Nacional también ha advertido a los ciudadanos que cualquier empresa que les contacte desde un número móvil para hacer una propuesta comercial está actuando de forma ilegal o podría estar intentando un fraude. Estas recomendaciones buscan reforzar la consciencia ciudadana frente a estas prácticas cada vez más comunes.
Muchas entidades legales anticipan sanciones de hasta 2 millones de euros para quienes violen estas nuevas reglas. También está prevista la creación de un registro oficial de remitentes legítimos que usarán códigos alfanuméricos en SMS, una base de datos gestionada por la CNMC, aunque su puesta en marcha se demorará aproximadamente 15 meses debido a su complejidad técnica.
A pesar de estas medidas contundentes, el problema persiste en la calle: encuestas revelan que hasta el 98 % de los españoles sigue recibiendo llamadas no deseadas, aunque la mayoría no llega a denunciarlas por desconocer los canales adecuados para hacerlo. La asociación FACUA insiste en que solo un 2,1 % de los afectados ha presentado alguna queja formal, lo que reduce el impacto real de las normativas y limita las sanciones efectivas.