La polémica con respecto a la rápida degradación de las baterías en los iPhone parece lejos de terminar. Y esta vez la voz discordante con la política Apple es de peso, puesto que se trata de la Fiscalía gala. Apple está siendo investigada en Francia por la obsolescencia programada de su iPhone, ya que “reduce adrede su funcionamiento”.
Comprar un móvil caro, muy caro, y que poco más de un año después de repente reduzca su potencia cuando aún muchos siguen pagándolo es un escenario que no nos gustaría que nos pasara. Y si además la bajada de rendimiento está hecha a posta por el fabricante y encima anuncia que cobrará dinero por cambiar un defecto que no debería existir, entonces la situación es insostenible. Este escenario es el que les ha ocurrido a los dueños de un iPhone 7, estrenado en septiembre de 2016 y que en diciembre de 2017 sufrió la bajada de potencia confirmada por la misma Apple. Y por cierto: el iPhone más vendido de 2017 además.
Degradadas en un sólo año
No es sólo este modelo, sino que el iPhone 6 y el iPhone 6s también están afectados por este problema, que atañe a una batería que se degrada a una velocidad rapidísima. Las quejas de usuarios de todo el mundo obligaron a Apple a pronunciarse públicamente, pero lo de hacerles pagar 29 dólares -29€ en España, por lo que es más caro- tipo ‘tarifa especial reducida’ por cambiar la batería fuera de garantía es lo que ha cabreado aún más a quienes se han visto afectados por ello. De hecho la cosa ha ido a más, ya que Apple ha empezado este 2018 siendo investigada por la Fiscalía del Gobierno francés nada menos, acusándola de dos delitos: fraude y obsolescencia programada por la manipulación de las baterías en los iPhone.
La ‘obsolescencia programada’ es “la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible y haya que comprar otro nuevo que lo sustituya. Su función es generar más ingresos debido a compras más frecuentes”.
Fuentes judiciales confirmaron a la agencia EFE que la investigación parte de la denuncia interpuesta por la asociación francesa HOP (Alto a la Obsolescencia Programada), y será llevada a cabo por la Dirección General de la Competencia, el Consumo y de la Lucha contra los Fraudes. La HOP plantea en su denuncia que la actualización de sus iPhone inicia un proceso que reduce a posta el rendimiento del terminal y afecta a la duración de la batería. ¿Qué se consigue con esto? Que el usuario tenga que acelerar el reemplazo de su terminal y por tanto se compre el modelo que acaba de salir al mercado.
El primer procedimiento penal obsolescente contra Apple
Emile Meunier, abogado de la asociación HOP, declaró a la Agencia France-Presse que esta investigación formal del gobierno francés constituye “el primer procedimiento penal en el mundo“ que se lleva a cabo contra Apple en el fundamento de la obsolescencia programada. Apple, que ahora mismo se enfrenta a demandas de hasta mil millones de dólares realizadas en el último mes por usuarios y colectivos, podría encontrarse con una nueva demanda por los terminales vendidos en Francia desde el 17 de agosto de 2015, el día en que la Ley de Transición Energética entró en vigor en Francia.
Esta ley acarrea penas de cárcel de 2 años y multas por hasta el 5% de los ingresos medios anuales, que hablando de los ingresos al año de una multinacional como Apple en un sólo país, son enormes. De momento, junto a la investigación oficial de la Fiscalía francesa, la HOP cuenta con más de 2.600 testimonios de usuarios de Apple Francia afectados.
¿Le pasará lo mismo al iPhone X dentro de 11 meses?
De momento no sabemos cómo seguirá esto, pero dada la gravedad del problema, que confirma los rumores que hace mucho tiempo los usuarios tenían sobre sus iPhone, podría traer serias consecuencias a Apple, que está viendo la baja demanda que el iPhone X está teniendo desde su lanzamiento.