Las tres principales operadoras en España reciben la segunda mayor sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que no ha dado oportunidad a . Así pues Movistar, Vodafone y Orange tendrán que hacer frente a una multa de 120 millones de euros por pactar el precio mayorista del servicio de mensajes cortos SMS en su red.
Aunque el precio de las llamadas se ha visto reducido notablemente durante los últimos años, el coste del servicio de los SMS se ha mantenido inalterado desde hace más de una década. Aunque a partir de 2009 se aplicó una regularización, la investigación de la dirección de la CNC ha considerado que las principales operadoras han abusado del dominio sobre sus redes para pactar precios, por lo que la organización ha actuado de oficio y ha finalizado el caso con una resolución para el supuesto caso de monopolio entre las compañías telefónicas.
Apesar de que los SMS han perdido peso en favor de los programas de mensajería instantánea como Whatsapp y Line, su precio ha sido motivo de sanción para Movistar, Vodafone y Orange. La dirección de la Comisión Nacional de la Competencia ha creído oportuno saltarse los podemores de la CMT y multar de oficio a las operadoras por la situación de monopolio en los servicios de terminación de mensajes de texto bajo su propia red con una sanción de 120 millones de euros. De forma individualizada, Movistar tendrá que hacer frente a una cuantía de 46.490.000 de euros, Vodafone 43.525.000 euros y Orange 29.950.000.
A pesar de la investigación llevada a cabo y posterior sanción, el Consejo de la CNC no se ha posicionado al respecto con una ley regulatoria para garantizar la libre competencia en el sector, especialmente de cara a las ofertas propuestas por los operadores móviles virtuales. En su lugar, insta a la CMT (Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones) a que sea el organismo encargado de poner en marcha las medidas adecuadas para promover una rebaja en el precio mayorista de los SMS y, por consiguiente, se transmita al usuario en la factura telefónica. Por parte de las operadoras, Movistar ha sido la primera en expresar su desacuerdo con la resolución alegando que la investigación no ha tenido en cuenta la situación real de competencia en la que se encuentra el mercado de las telecomunicaciones, con una gran variedad de ofertas por parte de los alternativos.