La noticia, que se hará oficial en el Consejo de Ministros de hoy mismo, saltaba ayer y es que el dividendo digital, el reparto de frecuencias de 800 Mhz para el 4G que antes ocupaban canales de TDT, se retrasa tres meses. Esto no sólo supone un fastidio para los usuarios, va a ser también una factura de 18 millones de euros.
En los últimos días, como podemos leer en Cinco Días, el Ministerio de Industria ha estado negociando la prórroga del reparto del dividendo digital que abriría la frecuencia de 800 Mhz para su uso en redes 4G. FORTA, UTECA, Abertis y la patronal Fenitel advirtieron de la necesidad de que se retrase el dividendo digital hasta marzo de 2015 con el fin de concluirse el proceso de reantenización
Las instaladoras y grupos televisivos alertaron del retraso en la antenización para la nueva TDT que podría dejar sin señal a cerca de 500.000 de los hogares afectados, un 50%, que no podrían ver más que TVE en enero de 2015. Es evidente el revuelto que puede ocasionar que toda esta gente se quede sin poder acceder a la televisión, pero aún más son las pérdidas que se preveían en el sector audiovisual en relación a la publicidad.
Ahora bien, el Ministerio de Industria se encuentra entre la espada y la pared ya que el retraso costaría cerca de 18 millones de euros si las operadoras no aceptan la prorroga y, como están en su derecho, presentan una reclamación en los tribunales. Como ya indicamos en abril de este año, el coste de compensación es de, en el mejor de los casos, de 100.000 euros al día pudiendo llegar a establecerse en 300.000. Eso hace que, como mínimo, el Gobierno tenga que pagar entre 3 y 9 millones de euros al mes a Vodafone, Movistar y Orange que pujaron en el 2011 pagando 1.300 millones de euros – Movistar y Vodafone aportaron 450 millones cada una y Orange los 400 millones restantes – para tener el derecho de uso de estas frecuencias entre 2015 y 2030.
En total, estamos hablando que por los retrasos en la antenización, que también se achacan a la mala gestión de estos plazos, el dividendo digital podría costar entre 9 y 18 millones de euros. La única vía de negociación que le quedaría sería compensar a las operadoras por el retraso con una ampliación de los plazos, única baza para que todo este embrollo no saliera costeado por el bolsillo de los contribuyentes.