Todos sabemos el lío que hay montado alrededor del gremio de taxistas de toda la vida y esta aplicación móvil, que poquito a poco va llegando a un mayor número de países en todo el mundo. Unos tachan a los otros de ‘piratas’ y los otros a los unos les acusan de no entender que los tiempos han cambiado y toca adaptarse.
Sea como fuere, hoy mismo el juzgado de lo mercantil nº2 de Madrid ha dictado el cese de toda actividad de Uber en territorio nacional, toda vez que según la consejería de transportes de la Comunidad de Madrid ya han expedientado a la compañía con 25 expedientes sancionadores en los últimos meses.
Sin duda, esta medida busca proteger a un sector como es el de los taxis, donde para operar es necesario contar con una licencia que, en la mayoría de las ocasiones, tiene un coste muy elevado de varias decenas de miles de euros. Sin embargo, para trabajar con Uber no es necesario más que tener un coche y estar inscrito en el servicio para andar atento a la llamada de los usuarios que quieran utilizarlo.
Lógicamente Uber ha reaccionado y hace escasos minutos ha publicado un comunicado oficial en el que viene a recordar dos puntos importantes sobre esta decisión: la primera de ellas es que se trata de medidas cautelares y por lo tanto no es un pronunciamiento sobre el fondo (de la cuestión) y cabe recurso sobre la decisión tomada por el juzgado. Es importante decir que el juez no ha dictado sentencia firme ni ha entrado a valorar que Uber sea o no un servicio ilegal, por lo que lo ocurrido hoy es más bien el inicio de un pleito que nos va a garantizar en los próximos tiempos nuevas noticias.
Desconocemos la forma que tendrá la compañía creada en EE.UU. de poder revertir estas medidas cautelares que afectan a la totalidad del territorio nacional y que, de facto, va a convertir a los conductores y usuarios de Uber en unos auténticos proscritos de cara a la actual normativa en materia de transporte de pasajeros.