El juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad de Uber en toda España ya que considera que sus conductores carecen de la necesaria autorización administrativa para ejercer su labro y la actividad, por tanto, supone una competencia desleal.
Uber, en estos momentos, tiene la obligación de cesar todas sus actividades en España, una decisión que ha tomado un juzgado madrileño después de que la Asociación Madrileña del Taxi presentara una petición de medidas cautelares contra Uber. El juez que ha firmado la orden que obliga a la empresa americana a cesar su actividad en nuestro país considera que no se trata de «una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado o la economía cooperativa» sino una protección cautelar basada en la legalidad vigente.
El juez apunta también que la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen las normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción en si misma se puede considerar una acción desleal.
De momento, Uber no ha sido requerido para presentarse en defensa de su causa, que se desarrollará en los próximos meses, entre otras cosas porque de momento su domicilio fiscal se sitúa en uno de los «paraísos» fiscales norteamericanos en Delaware, y por tanto fuera del alcance de las normas europeas. Del mismo modo, la resolución del juez solicita que las empresas de telecomunicaciones o de pagos electrónicos que colaboran con la aplicación de Uber cesen también toda actividad de alojamiento o servicios con la empresa.
Sin duda es un duro varapalo para la empresa norteamericana que, por otra parte, no es muy amiga de hacer caso de lo que digan las autoridades. Si sus conductores siguen operando se enfrentan a serias multas además de que el sistema de reserva de vehículos a través de sus aplicaciones para smartphones debe dejar de funcionar. De todas formas, ya en verano el Ministerio de Fomento dejó clara su postura y se ponía del lado de los gremios y asociaciones de profesionales del taxi, indicando que podrían imponerse multas de entre 600 y 18.000 euros tanto a conductores como a pasajeros.
España se une así a la cada vez más larga lista de países europeos que han cortado el avance de Uber para proteger sus propios sectores del transporte público y a quienes trabajan en ellos. Ahora sólo queda esperar la respuesta de la empresa, ya que cuenta con el apoyo de las instituciones europeas que de momento no se han vuelto a pronunciar al respecto.